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Contratos laborales para obras o servicios temporales (ECU)

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El 25 de enero de 2016, en una reunión entre el Señor Ministro de Trabajo y las Cámaras de la Producción del Azuay se firmó un Acuerdo Ministerial que modifica un Acuerdo previamente promulgado en relación al contrato por obra o servicio.
En primer lugar indicamos que la reforma laboral del 20 de abril de 2015 en la que se eliminó el contrato a plazo fijo de 1, incorporó la figura del contrato por obra o servicio, el cual según la ley puede ser celebrado para una labor o actividad determinada, la misma que al ser finalizada, dará por terminada la relación laboral (Empresa X contrata a un trabajador por 3 meses para una obra o servicio determinado).
Como antecedente adicional, el 6 de noviembre de 2015 se promulga el Acuerdo Ministerial MDT-2015-0242 que es reformado el 19 de enero de 2016 mediante el Acuerdo MDT-2016-0002, con los que se establece que el contrato de obra o servicio puede ser únicamente aplicado para el sector de la construcción o para proyectos calificados como estratégicos para el estado (es decir, un restaurante, un banco o un local comercial, no podrían celebrar este tipo de contratos).
¿Qué pasa entonces con el Acuerdo Ministerial firmado el 25 de enero de 2016?
El efecto jurídico del mencionado Acuerdo es que incorpora una disposición transitoria, la misma que amplia el ámbito de aplicación del contrato de obra o servicio durante los años 2016 y 2017 pero únicamente para empresas manufactureras para la producción de bienes o servicios cuando exista un incremento excepcional de la demanda, siempre y cuando el número de trabajadores contratados bajo esta modalidad no supere el 20% de los empleados estables de la empresa.
Así, el restaurant, el banco o un local comercial, no pueden celebrar este tipo de contratos de obra o servicio, sino que únicamente lo podrán hacer las empresas que se dediquen a la transformación de materias primas en bienes listos para ser consumidos o distribuidos, como es el caso de las llantas, muebles, alimentos, producción textil, etc., cuando estén dentro de las condiciones señaladas en el párrafo precedente.
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Nicolás R. Muñoz
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Advertencia: La presente publicación no es ni podrá ser usado como asesoría u opinión legal, ya que es meramente informativa.




Perdón y olvido a intereses y multas tributarios

El perdón que tanto se menciona en estas épocas de semana santa llegó a la Asamblea Nacional este 31 de marzo al recibir el Proyecto de Ley Orgánica de Remisión de intereses, multas y recargos tributarios sobre impuestos nacionales, la misma que en virtud al artículo 54 del Código Tributario facultaría temporalmente al Servicio de Rentas Internas (SRI) para condonar o remitir deudas de los administrados que hayan incumplido sus obligaciones con la prenombrada entidad, condonación o remisión que buscaría apoyar a la actividad económica del país, así como contribuir a la liquidez del Estado.
En relación al proyecto de Ley, este tiene un solo artículo que “dispone la remisión de intereses, multas y recargos derivadas de obligaciones tributarias y fiscales administradas por el SRI” remisión que operará según ciertas reglas contenidas en el proyecto de Ley, pero que operarían principalmente con los siguientes porcentajes:
  • 100% de remisión si el pago se realiza en el término de 60 días desde que se publica la Ley en el Registro Oficial.
  • 50% de remisión si el pago se realiza entre los días 61 y 90 (hábiles) desde que se publica la Ley en el Registro Oficial.
*Las regulación específica para este tema la encuentra aquí: https://drive.google.com/file/d/0B57JYUuu6mwbWEFRbzRoay1ZWnFZQjZCZFVsRW1CcDN6SjdZ/view
Al ser un Proyecto de Ley con carácter de URGENTE, este deberá ser tramitada en un plazo máximo de 30 días.
Buen ejemplo del estado en la semana mayor.
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¿Y si no registro mi marca?

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En el competitivo mundo que vivimos hoy en día, mucha gente protege sus marcas y lemas comerciales, pero algunas otras siguen preguntándose ¿Qué pasa si no registro mi marca?
En este sentido, es prudente empezar indicando los derechos que se derivan por SI registrar una marca, derechos que se encuentran recogidos en la Ley de Propiedad Intelectual y en la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones que en la parte pertinente señala:
El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:
  1. Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
  2. Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
  3. Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
  4. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
  5. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
  6. Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Si Usted ya tiene una marca, o desea crear una, es pertinente señalar que esta debe ser original y principalmente distintiva de las demás marcas existentes en el mercado, por lo que el primer paso es proceder a realizar una búsqueda fonética con la que Usted tendrá un mejor panorama sobre marcas que hayan sido previamente registradas y puedan ser iguales o similares a la que Usted desea registrar, pudiendo así analizar la favorabilidad o no del registro; procediendo posteriormente a realizar la solicitud de registro de la marca, la cual, en caso de no tener inconvenientes u oposiciones de terceros, después de al rededor de un año, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI le entregará el título de la marca, el mismo que tendrá una duración de 10 años renovables.

Como puntualización especial, lo recomendable no es únicamente registrar su marca, sino defenderla, contratando un estudio jurídico que revise mensualmente las marcas que se estan intentando registrar en el IEPI para que Usted pueda oponerse a aquellas que son similares o identicas a la suya, así como ejercer las medidas legales necesarias para sacar del mercado a los productos o servicios que esten utilizando su marca; esto con el fin de no vulgarizar su marca y que esta no se “diluya” es decir, que no pierda su fuerza distintiva.

Finalmente debemos señalar que los registros de marca son eminentemente territoriales (rigen únicamente para el país en el que se registró), por lo que en caso de expansión e inicio de actividades de exportación, es prudente registrar sus marcas en los países a los que enviará sus productos para evitar embargos o acciones de terceros en contra de sus productos.

 

946191_10209443962761495_3977758748300464447_n-1Nicolás R. Muñoz
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Advertencia: La presente publicación no es ni podrá ser usado como asesoría u opinión legal, ya que es meramente informativa.




Fusión de Organizaciones Civiles Sin Fines de Lucro

Fusión Organizaciones Civiles

En el mundo empresarial uno de los movimientos más controvertidos que pueden tener las empresas es un proceso de fusión, el mismo que en el Ecuador se encuentra reglado por la Ley de Compañías (5/nov/1999) en su artículo 337 y siguientes.

En el tema de las fusiones sin embargo, surge una interrogante: ¿Qué pasa si se desean fusionar dos organizaciones civiles sin fines de lucro?, ¿Qué pasa si se quieren fusionar Emelec y Barcelona (estamos suponiendo)?, ¿Qué pasa si se quieren fusionar la Cámara de Comercio de Cuenca con la Cámara de Industrias de Cuenca?, ¿Lo pueden hacer? Pues eso analizaremos a continuación.

La “biblia” por así llamarla de las organizaciones sociales en el Ecuador es el famoso (al menos para los abogados) DECRETO 16, el non plus ultra del tema, en el que se emite el Reglamento Sistema Unificado Información de Organizaciones Sociales (SUIOS), el mismo que busca establecer instancias, mecanismos, instrumentos, requisitos y procedimientos para el funcionamiento del Sistema de Organizaciones Sociales en el país.

El mencionado Reglamento establece varias regulaciones para temas de creación de organizaciones, reformas de estatutos, actualización de directiva, régimen democrático, régimen patrimonial, e inclusive sobre su inactividad, disolución, liquidación y reactivación; sin embargo, nada menciona sobre una fusión o escisión entre dos organizaciones de esta naturaleza, puntualizando que la fusión no es una agrupación como la que señala el artículo 13 del Reglamento del SUIOS.

Con estos antecedentes ¿Podríamos fusionar dos organizaciones civiles sin fines de lucro? según mi criterio y experiencia, sí es posible, pues partiendo del principio que rige al derecho privado de que lo que no se encuentra prohibido se entiende permitido, no hay norma alguna que prohiba la fusión de organizaciones civiles sin fines de lucro, por lo que legalmente, no hay ningún impedimento para hacerlo.

El siguiente punto a considerar es: ¿Cómo fusionamos? El artículo 12 del Reglamento del SUIOS es claro al señalar que el Reglamento en mención rige para las organizaciones sociales con finalidad social y sin fines de lucro, pero mencionamos previamente que dicho Reglamento nada dice sobre la posibilidad de fusionar organizaciones, por lo que nos preguntamos ahora ¿Qué proceso utilizamos?

En este punto desmentimos aquella afirmación de que al abogado le hace la practica y que la formación académica es secundaria (en algunos casos he escuchado inclusive que no sirve para nada), pues del estudio del título preliminar podemos sacar una solución a este problema, título preliminar que como me enseñaron no es únicamente una introducción al Derecho Civil, sino al Derecho en si, el cual en su artículo 18 establece las reglas de interpretación legal, y que en su numeral 7 indica que: “A falta de ley, se aplicarán las que existan sobre casos análogos (…)” y en el mundo de las fusiones entre privados, no hay norma más análoga para el caso que la Ley de Compañías.

Al haber resuelto aparentemente este problema, podríamos proceder con la fusión, sin embargo, no es tan sencillo, puesto a que se debe empezar realizando una razonada fusión entre el Reglamento SUIOS y la Ley de Compañías en sus artículos 337 al 344, recordando que todo esto estará finalmente supeditado al criterio que el Ministerio Rector del ramo tenga, pero que sin embargo, de un razonable análisis de todo lo aquí mencionado, el proceso para fusionar 2 o más organizaciones sin fines de lucro sería el siguiente:

REQUISITOS PREVIOS DE CADA UNA DE LAS ORGANIZACIONES POR SEPARADO:

  1. Acta de sesión del Directorio en el que se de a conocer la voluntad de cesión para que esto lo decida la Asamblea General.
  2. Acta de Asamblea General (1ra sesión) aprobando la fusión de las organizaciones, procediendo así con la disolución de la actual organización. En esta AG se debe delegar a una persona para que elabore un informe contable de los activos y pasivos que pasarían a la nueva organización, el cual debe ser aprobado por la segunda Asamblea. En esta AG se debe también realizar el primer debate de los estatutos sociales de la nueva organización (ver que estén acorde al artículo 17.3 del Reglamento del SUIOS).
  3. Acta de Asamblea General (2da sesión) en la cual se reafirma la voluntad de fusión. Además se debe conocer el informe contable cerrado al día anterior de la fecha en la que se reúna la Asamblea General y aprobar su transferencia a la nueva organización. Finalmente se debe debatir por segunda vez los estatutos de la organización, delegando a los representantes legales de cada organización para que suscriban el acta de fusión. Adicionalmente designar una Directiva Provisional de la nueva organización (Que básicamente debe contener Presidente, Vicepresidente, Director Ejecutivo y Secretario).
  4. Realizar una declaración juramentada por parte del Director Ejecutivo (provisional) de la nueva organización declarando que esta tendrá un patrimonio superior al que el Reglamento del SUIOS establece (ver artículo 17.5)
  5. Realizar un ACTA DE FUSIÓN suscrita por los representantes legales de cada una de las organizaciones que participan del acto legal, la cual deberá contener los siguientes puntos:
    1. Nombre de la organización
    2. Razón social, No. del acuerdo ministerial que los constituyó, número de RUC e indicación de los representantes legales de las entidades que van a fusionarse (Nombres y apellidos completos, nacionalidad y número de documento de identidad).
    3. Voluntad de fusión de las organizaciones.
    4. Fines y objetivos generales que se propone la nueva organización.
    5. Nómina de la directiva provisional (en razón a la Directiva definida por la 2da Asamblea General de cada una de las organizaciones)
    6. Nombres, apellidos y número del documento de identidad de la persona que se hará responsable de realizar el trámite de legalización de la organización, teléfono, correo electrónico y domicilio donde recibirá notificaciones
    7. Indicación del lugar en el que la organización social, en proceso de aprobación de la personalidad jurídica, tendrá su domicilio, con referencia de la calle, parroquia, cantón, provincia, número de teléfono, fax, o dirección de correo electrónico y casilla postal, en caso de tenerlos.
  6. Realizar una ACTA DE APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS, la cual debe recoger los estatutos aprobados por las Asambleas Generales de cada organización y que debe contemplar los siguientes aspectos mínimos (vigilando siempre que este acorde al artículo 17.3 del Reglamento del SUIOS):
    1. Denominación, ámbito de acción y domicilio de la organización
    2. Alcance territorial de la organización
    3. Fines y objetivos, en los que se manifieste si realizarán o no actividades de voluntariado de acción social y desarrollo, o programas de voluntariado
    4. Estructura organizacional
    5. Derechos y obligaciones de los miembros
    6. Forma de elección de las dignidades y duración en funciones
    7. Atribuciones y deberes de los órganos internos: directiva, administradores y representación legal
    8. Patrimonio social y administración de recursos
    9. Deberes y atribuciones del órgano fiscalizador y de control interno
    10. La forma y las épocas de convocar a las Asambleas Generales
    11. Quórum para la instalación de las Asambleas Generales y el quórum decisorio
    12. Mecanismos de inclusión o exclusión de miembros, los mismos que deberán garantizar en todo momento el derecho al debido proceso
    13. Reforma de estatutos
    14. Régimen de solución de controversias
    15. Causales y procedimiento de disolución y liquidación

 

REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE FUSIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO RECTOR:

  1. Oficio dirigido al Coordinador Zonal indicando la voluntad de fusión, previa disolución, el cual debe ir suscrito por el Representante legal provisional y la persona autorizada para realizar el trámite.
  2. Acta de fusión suscrita por los representantes legales de las organizaciones.
  3. Acta de aprobación de estatutos suscrita por los representantes legales de las organizaciones.
  4. Copia del nombramiento de los representantes legales de las organizaciones.
  5. Actas de las Asambleas Generales (de ambas organizaciones) en las que se haya decidido la fusión.
  6. Listado de los asistentes a las Asambleas Generales, con nombres completos, número de cédula y firma (en algunos casos piden copia de las cédulas, lo cual no es correcto)
  7. Balances cortados al día anterior de la Asamblea General que los conoció y aprobó su transferencia.
  8. Certificado del RUOSC de cada organización.
  9. Declaración juramentada de bienes de la nueva organización.

 

A partir de la presentación de esta documentación, el Ministerio Rector deberá revisarla y de estar esta en orden, emitir los acuerdos ministeriales de disolución de las organizaciones, el de fusión – constitución de la nueva organización y el de aprobación de los estatutos sociales, con lo que estaría listo el proceso de fusión para realizar todos los trámites legales pertinentes en el Sistema de Rentas Internas (SRI) e instituciones financieras.

Como recomendación final, al ser este un acto legal no regulado específicamente, es siempre recomendable acudir al Departamento Jurídico del Ministerio rector que será quien apruebe la fusión, esto con la intención de definir entre ambas partes los lineamientos a seguir, pudiendo inclusive realizar una consulta jurídica formal (como las que se realizan al SRI) para que del Ministerio establezca los lineamientos a seguir, los cuales sin embargo, podrían llegar a ser exagerados, siendo a mi criterio los lineamientos señalados en este artículo los únicos necesarios para fusionar organizaciones civiles sin fines de lucro.

946191_10209443962761495_3977758748300464447_n-1Nicolás R. Muñoz
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Advertencia: La presente publicación no es ni podrá ser usado como asesoría u opinión legal, ya que es meramente informativa.




El contrato del futbolista en el Ecuador

Campeonato FEF 2015

Creo que no es un secreto a voces la falta de formalidad que rige algunos aspectos del fútbol ecuatoriano y mundial, informalidad que como en muchas de las actividades humanas que han estado caotizadas, tratan de ser reguladas por el estado mediante una normativa legal, que en el caso del fútbol debemos conocer que es el artículo 63 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación la que señala que la organización del fútbol profesional en el Ecuador estará a cargo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), acorde a la normativa que esta emita y la normativa internacional emanada de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (COMEBOL), pero que sin embargo, no esta limitada solo a esta.

La regulación legal para futbolistas es escasa, sin embargo, no es nula, ya que desde Junio de 1994 existe la Ley del Futbolista Profesional que nace como una necesidad ante los vacíos existentes en las relaciones jurídicas entre jugadores y clubes profesionales, la cual señala en sus considerandos la remisión a fallos de la en ese entonces llamada Corte Suprema de Justicia, la que señala que la naturaleza jurídica de estos contratos es de índole laboral. Adicionalmente, la prenombrada ley, en su artículo 25 establece la obligación de afiliar al régimen de Seguridad Social (IESS) a los futbolistas, siendo el Consejo Superior del IESS el ente que en Octubre 2014 emite la resolución para normar la afiliación al IESS del futbolista profesional.

En fecha 26 de enero de 2015, el Ministerio del Trabajo del Ecuador, dirigido por el Econ. Carlos Marx Carrasco emitió mediante el Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0019, el Reglamento para regular relaciones especiales de trabajo entre los deportistas profesionales y las entidades deportivas empleadoras, Reglamento que entró en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial el 9 de febrero de 2015. Este reglamento según su artículo 3 abarca tanto a deportistas profesionales como a entrenadores y cuerpo técnico (en el presente artículo lo realizamos desde el punto de vista de los futbolistas profesionales), reafirmando la naturaleza laboral de este tipo de contratos.

Entre los aspectos más relevantes del mencionado reglamento encontramos:

-Pueden celebrar contratos de futbolistas profesional los mayores de 18 años; y en caso de mayores de 15 años y menores de 18 años, lo pueden hacer por escrito sus padres o representantes legales.

-Se establece la obligación de celebrar el contrato de trabajo por escrito, debiendo registrarlo en el Ministerio del Trabajo, registro que debe ser solicitado antes de su inscripción del contrato en la FEF (según artículo 7 de la Ley del Futbolista Profesional, se deben inscribir los contrato de jugadores en la secretaría de la FEF en el plazo máximo de 15 días desde su suscripción)

-No inscribir los contratos en el Ministerio del Trabajo dará paso a una multa de US$ 200 por cada contrato no registrado.

-El contenido mínimo del contrato de trabajo de futbolistas profesionales debe contener por lo menos:   Lugar y fecha de celebración, Razón social de la entidad deportiva empleadora, Nombre del representante legal de la entidad, domicilio de la entidad, nombre y número de cédula o pasaporte del trabajador, dirección del trabajador, remuneración mensual y beneficios adicionales (prestaciones, primas, premios, etc.), forma deparo, lugar donde desempeñará sus funciones y plazo de vigencia.

-El contrato debe ser celebrado por el plazo mínimo de 1 año (lo cual esta en orden al artículo 3 de la Ley del Futbolista Profesional) y no podrá extenderse más de lo que organismos nacionales o internacionales regulen, estableciendo la salvedad de celebrar contrato por temporada o etapas en caso de que sean menores a 1 año.

-La renovación de los contratos deben ser expresas y por escrito, celebrando un adendum que también se debe registrar el Ministerio del Trabajo (según artículo 5 de la Ley del Futbolista Profesional la renovación puede ser tácita por una sola vez, y en las sucesivas expresa, previa notificación del Club al jugador con al menos un mes de anticipación)

-Se regula el préstamo de jugadores, estableciendo la obligación de registrar el contrato del jugador por parte del Club que lo tiene a préstamo.

-En el contrato debe constar detalladas la remuneración y beneficios que tenga el trabajador, ya sean estos últimos en dinero o especies; las cuales de ser cambiadas, deberán estar en un adendum que también deberá ser inscrito en el Ministerio del Trabajo.

-Los beneficios deben ser pagados en el plazo máximo de 30 días a partir de que la ocurrencia del hecho se originó, salvo pacto en contrario.

-El pago de remuneraciones deben ser estipulada por meses, pagada por mes vencido y dentro de los 10 primeros días del mes que terminó, bajo pena de multa en caso de incumplimiento.

-Se deja en manos del cuerpo técnico el establecimiento de jornadas de trabajo, en las que no se contarán los tiempos de viaje o concentración.

-Las vacaciones de los futbolistas profesionales deberán estar acorde a lo señalado en el Código de Trabajo (15 días interrumpidos anualmente, según el artículo 69 y siguientes del prenombrado cuerpo legal)

-El trabajo de los futbolistas profesionales en días de descanso obligatorio será sin recargo alguno, debiendo compensar estos días posteriormente.

-Se establece la obligación de contar con un Reglamento Interno de Trabajo, sin el cual no se podrán establecer sanciones para los jugadores.

-Las entidades deportivas deberán contar además con un Reglamento interno de seguridad y salud.

-Las reglas del desahucio (artículo 184 del Código del Trabajo) y del visto bueno (artículo 172 y 173 del Código del Trabajo) serán igualmente aplicadas a los contratos de futbolistas profesionales.

-Los finiquitos de los contratos laborales con futbolistas profesionales también deben ser registrados en el Ministerio del Trabajo.

-Las disposiciones del Reglamento emitido por el Ministerio del Trabajo serán independientes de las que establezca la normativa nacional e internacional que regula la actividad deportiva.

Las entidades deportivas tiene 30 días para registrar los contratos de trabajo de los jugadores y cuerpo técnico que tengan en sus filas.

Los Reglamentos Interno de Trabajo y de Seguridad y Salud, deberán estar vigentes en un plazo máximo de 90 días contados desde la entrada en vigencia del acuerdo.

Como impresiones en este tema, debemos tener presente que un acuerdo ministerial esta jerárquicamente por debajo que una Ley (tema a considerar frente a la Ley del Futbolista Profesional); además que en la Asamblea Nacional se esta tratando una reforma al Código del Trabajo, en la que sería prudente regular en las disposiciones transitorias temas que podrían causar conflicto con los contratos de deportistas profesionales, como en el caso del desahucio por ejemplo que se lo intenta eliminar cuando lo solicite el empleador; creyendo que es destacable la regulación emitida para regular de una manera más eficiente las relaciones entre estos dos sujetos que tanta trascendencia mediática tienen en el país y el mundo y que no han sido una excepción al momento de entrar en disputas legales.

946191_10209443962761495_3977758748300464447_n-1Nicolás R. Muñoz
nmunoz@surlegal.com

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